23 de Abril 2020
El activista villaclareño que dio a conocer en redes sociales la semana pasada el aumento de casos de COVID-19 en un hogar de ancianos de Santa Clara, Yoel Bravo López, fue arrestado por la policía política y amenazado con “ir a parar en prisión como José Daniel Ferrer” si continúa difundiendo información que el gobierno considera “contraria al interés social”
Poco después de las 9 de la mañana del lunes “fui arrestado por el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Villa Clara con un grupo de oficiales más y un operativo escandaloso”, le contó el martes Bravo López a la periodista de Radio Televisión Martí Idolidia Darias.
Le quitaron su teléfono celular, lo llevaron a la Tercera Unidad, y de allí a Instrucción, donde le abrieron un expediente por desacato, según le informara un teniente coronel e instructor identificado como Osmani. Luego fue sometido a un interrogatorio de más de dos horas, “a ofensas y amenazas”, y le aplicaron una multa de tres mil pesos; “una multa injusta que no voy a pagar”, declaró el activista.
La información compartida por Bravo López, quien encabeza el Movimiento Opositor “Juventud Despierta” e integra el Frente de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, parece haber sido el motivo de una campaña “de información oportuna” y de una ofensiva desatada por las autoridades sanitarias de Villa Clara y del país para contrarrestar la crisis en el Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara.
“Esa información no se la habían dado al pueblo; dijeron que eran 11 ancianos, y nosotros publicamos en redes sociales que eran 22 confirmados, y que Tele Cubanacán estuvo allí en el asilo y, sin embargo, la televisión cubana, el Ministerio de Salud Pública, el régimen, no autorizó sacar imágenes del asilo por las malas condiciones, infrahumanas, en que viven esos ancianos allí”, manifestó Bravo López.
Según fue informado por los agentes, le aplicaron el Decreto 310, no el 370, esgrimido en estos días contra periodistas independientes como Mónica Baró en La Habana. Bravo López conversó al respecto con la abogada Laritza Diversent, quien le explicó que como el régimen ya ha puesto varias multas por el Decreto 370, “al parecer ahora van a empezar a ponerlas por el 310”.
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