1 de diciembre 2020
Este lunes el régimen cubano denunció a los Estados Unidos de Norteamérica de inmiscuirse en los asuntos internos de la isla, a través de su supuesto apoyo a los huelguistas de hambre del Movimiento San Isidro.
Las acusaciones infundadas las hizo Carlos Fernández de Cossío. Director General para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, durante el reporte del oficialista Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, NTV, donde afirmó que los huelguistas del Movimiento San Isidro son un producto de la actividad subversiva de la administración estadounidense en Cuba, vinculándolos incluso con incitaciones a realizar acciones terroristas.
El diplomático del régimen castro-comunista condenó las visitas realizadas por el encargado de negocios de la Embajada de USA en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, a los manifestantes del Movimiento San Isidro, quienes se declararon en huelga de hambre tras la condena a ocho meses de prisión del activista Denis Solís.
Fernández de Cossío señaló al diplomático estadounidense de inmiscuirse en cuestiones internas de la isla, al tiempo que recordó una reciente reunión a la que convocó al funcionario para «recordarle» que los diplomáticos «deben comportarse conforme a las reglas que rigen a los diplomáticos de todos los países hacia donde van».
El director para EE.UU. del MINREX argumentó, que el diplomático estadounidense condujo en su auto hasta la casa de «Osorbo» a los activistas Anamely Ramos y Héctor Luis Valdés Cocho, para que revisaran y reportaran su débil estado de salud, era una violación y una intromisión en los asuntos internos.
Los señalamientos del funcionario cubano fueron apoyados por el noticiero procastrista, con imágenes de video que muestran al encargado de negocios estadounidense cuando intentaba llegar a la vivienda donde reside el activista y rapero Maykel «Osorbo» Castillo.
De acuerdo con el funcionario cubano, el encargado de negocios estadounidense no acudió al barrio San Isidro para auxiliar ni ayudar a los activistas, que -según él- «no eran objeto de maltrato, no eran objeto de peligro ni eran objeto de amenaza alguna», a pesar de que desde su liberación todos han estado en sus respectivas viviendas bajo la férrea vigilancia y el acoso permanente de la policía y la Seguridad del Estado.
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