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Juicio a José Daniel Ferrer revela la vulnerabilidad de la justicia en Cuba.

El veredicto recibido por José Daniel Ferrer y el resto de los acusados de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha revelado la vulnerabilidad de la independencia del sistema judicial en el país.

9 de Abril 2020, ddc, LUCÍA ALFONSO MIRABAL

Las irregularidades y arbitrariedades en el juicio al líder de UNPACU revelan la vulnerabilidad de la justicia en Cuba.

El veredicto recibido por José Daniel Ferrer y el resto de los acusados de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha revelado la vulnerabilidad de la independencia del sistema judicial en el país.

No es lo mismo justicia que derecho, y en este caso ambas categorías han quedado severamente dañadas.

El 1 de octubre de 2019, ante la presunta comisión de dos delitos simples, Ferrer y sus compañeros fueron arrestados por más de 60 efectivos policiales entrenados en acciones de asalto. La causa de dicho operativo fue un leve altercado, fomentado en la sede de UNPACU por un individuo que acudió a la misma en estado de embriaguez.

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A partir de ahí, las irregularidades y arbitrariedades continuaron.

La sala Primera del Tribunal Provincial de Santiago y la Penal del Tribunal Supremo decidieron enajenarse en el procedimiento de habeas corpus: los jueces no exigieron a las autoridades policiales la comparecencia física de José Daniel Ferrer para examinarlo, tal y como claramente sugiere la ley.

Aún sin haberse realizado el juicio, el Gobierno construyó en la Televisión Nacional la figura de un Ferrer peligroso, deshumanizado y hasta culpable de delito grave común. De esa manera se contaminó a los jueces y se infringió la Constitución. El Ministerio de Justicia, en su cuenta oficial de Twitter, llegó a certificar un día antes de la vista la coautoría penal de Ferrer.

Al presentarse formalmente la acusación, los jueces debieron regresarla a la fase investigativa para que se indagara a fondo en la declaración de cada acusado, ocasión que a la vez debía aprovechar el órgano judicial para equilibrar la desigualdad acumulada antes de llegar al juicio. No obstante, se decidió proseguir con la detención de los acusados, incluso más allá del juicio oral.

Ya en el acto, un cerco de uniformados y paramilitares de civil, apoyados por las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, custodió la sala, «protegiendo» a abogados y jueces, infringiendo así el principio de publicidad del artículo 305 de la Ley de Procedimiento Penal: el juicio a Ferrer, donde se juzgaba un supuesto y simple delito común, de lesiones, debió ser público.

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En la vista —que duró mucho más de lo natural—, lejos de probarse la comisión de los delitos, lo que se evidenció fueron las propias irregularidades del proceso.

Dos testigos fueron devueltos por la Seguridad del Estado en la puerta del tribunal. Un tercero, de descargo a favor de Ferrer, no se examinó pues «se había ido para la capital». La esposa de la supuesta víctima, que colgó un video en redes sociales afirmando que su marido se había caído, ebrio, de una motocicleta desmintiendo por tanto las acusaciones de agresión por parte de Ferrer y demás acusados—, fue sentada en el banquillo del público, con el fin de invalidarla de forma ex profesa ante la judicatura. No fue interrogada ni se le aceptó la grabación por resultar «improcedente». Mientras tanto, por los coacusados se conoció que habían sido forzados a declarar a favor de los hechos edificados en la versión oficial.

Según la ley, dentro del término de 24 horas hábiles, siguientes al juicio y no prorrogables, los jueces deben discutir a puertas cerradas su decisión, debiéndose plasmar sus acuerdos en un documento interno llamado Acta de discusión y votación de sentencia, elaborado para proteger el caso de las influencias de terceros e impedir la posibilidad de una posterior variación de la decisión. En el caso de Ferrer, todos los indicios y resultados evidencian que no se redactó dicha Acta. Pues si la sanción finalmente impuesta fue la de cuatro años de limitación de libertad, el tribunal debió haber comunicado la inmediata excarcelación de Ferrer, ya que la pena resulta incompatible con la medida cautelar de prisión provisional.

Es decir, los días que Ferrer pasó en prisión una vez transcurridas 24 horas del juicio oral, resultan una arbitrariedad y una contravención de lo estipulado en la ley. No existe explicación jurídica para este hecho. La única razón posible es que los jueces hayan debido consultar a un ente ajeno y superior. De ahí la demora en la notificación de la sentencia final.

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El espíritu de la letra del Artículo 34, que norma la limitación de libertad, impide —como principio— que se acuerde esta condena cuando la persona se halla ya cumpliendo una pena de privación de libertad. En ese caso, en un juzgamiento de delito común, sin influencias de terceros, el reo tendría que haber sido sancionado a privación de libertad.

Expuesto lo anterior, queda claro que hemos asistido a un juicio en el que han primado los intereses políticos.

El sistema judicial de Cuba debería sacar experiencias de lo acontecido alrededor de Ferrer y los miembros de UNPACU, repensar dónde está la causa de los problemas y cuál es la solución al quebrantamiento de la justicia y del derecho.

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