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La ONU reconoce crímenes de lesa humanidad contra José Daniel Ferrer

El dictamen describe lo que en el Estatuto de Roma conforma la definición de crímenes de lesa humanidad de encarcelación arbitraria, tortura, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos

9 de noviembre 2020

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que el encarcelamiento y la represión contra José Daniel Ferrer por parte del Gobierno cubano forma parte de una «práctica sistemática«.

Sobre ello informa este lunes en un comunicado Prisoners Defenders, que interpuso, en octubre de 2019, una demanda ante la ONU sobre el caso de Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y recibió el dictamen resolutorio un año después, el pasado 6 de octubre.

Prisoners Defenders destaca que el dictamen va «mucho más allá», pues «describe lo que en el Estatuto de Roma conforma la definición de crímenes de lesa humanidad de encarcelación arbitraria, tortura, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos». Tan sólo quedan fuera del estudio de estos últimos meses, refiere la organización con sede en Madrid, el «exterminio», la «violación y esclavitud sexual», el «apartheid» y el «asesinato».

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Sin embargo, destaca la ONG, el asesinato «forma parte intrínseca del régimen cubano durante su historia de 61 largos años, pero también desde que fuera ratificado el Estatuto de Roma en julio de 2002, y por tanto susceptible de ser juzgado como crimen de lesa humanidad».

Adoptado el 26 de agosto, en su 88º período de sesiones, el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, formado por funcionarios y expertos de varios países, señala que no solo la privación de libertad de Ferrer fue arbitraria, sino que se llevó a cabo por el ejercicio de derechos fundamentales, entre los que cita la libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión y participación política.

Además, certifica que es imposible «invocar fundamento jurídico alguno» para la detención, que se ha inobservado el derecho a un juicio imparcial y que todo ha sido resultado de una discriminación de pensamiento.

Para reparar al líder de la Unpacu, el Grupo de Trabajo indica que el remedio sería dejar «inmediatamente sin efecto» la orden de arresto domiciliario contra él, «restaurando su libertad plena», y concederle «el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación».

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El caso de José Daniel Ferrer, dice esa instancia de la ONU, no es único, sino que «se encuadra en la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, que el Grupo de Trabajo ha podido observar, llevadas a cabo por las autoridades en Cuba durante décadas, en contra de personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones ciudadanas o que participan en actividades públicas y comunales que resultan incómodas para las autoridades gubernamentales». «Las conclusiones alcanzadas en las opiniones del Grupo de Trabajo respecto a Cuba muestran un problema sistemático de detenciones arbitrarias«, determinan.

Prisoners Defenders subraya, asimismo, su rechazo a que Cuba esté en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siendo un Estado que «comete flagrantes crímenes de lesa humanidad», cuyas leyes «son violatorias de los más elementales derechos humanos» y que ni siquiera ha ratificado «numerosísimos tratados vitales del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas».

Pero, asegura, precisamente porque está en el Consejo de Derechos Humanos, «no es tarde sino un momento perfecto» para que Cuba «tenga sobre sí una exigencia política mayor«. Así, pide que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emita una declaración respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba, «que su propio equipo denuncia como sistemática».

José Daniel Ferrer cumplió ocho de los 25 años de su condena de cárcel, impuesta después de su detención en la Primavera Negra, en marzo del 2003. El año pasado volvió a prisión, donde estuvo seis meses por un supuesto delito de agresión que le valió una condena de cuatro años y medio de prisión domiciliaria.

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«Me pueden condenar a 100 años de prisión, me pueden torturar, me pueden matar, incluso, pero rendirme les es imposible. Eso no está a su alcance así que lo siento, perdieron», declaró el activista tras su liberación, el pasado abril.

reporte de 14ymedio

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