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CUBA

Madrid recurre al Club de París para que exija a La Habana el pago de su deuda

El problema del impago, de hecho, no afecta solo a España sino también a los otros 13 países acreedores del régimen comunista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente cubano, Miguel Díaz-CanelEFE

17 de agosto 2020

España paraliza además la condonación al Gobierno cubano de los intereses de demora acumulados.

El Gobierno ha paralizado formalmente el proceso de condonación a Cuba de los intereses de demora acumulados y de parte del principal de la millonaria deuda con vencimiento a corto plazo que el país caribeño mantenía con España hasta el acuerdo de reestructuración rubricado en 2015 con un grupo de países acreedores en el marco del Club de París y que fue ratificado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Habana tenía hasta el 31 de octubre de 2019 para haber ejecutado el pago de la anualidad en tiempo y forma y que, además, disponía de 45 días laborables más de gracia – en torno a dos meses – para satisfacer en segunda instancia ese pago con una penalización mínima del 1,5%. Sin embargo, el gobierno caribeño incumplió ambos plazos lo que, según el fondo dependiente del ICO, «naturalmente ha hecho que no se hayan condonado las demoras previstas según el calendario del acuerdo bilateral». Según la información proporcionada por ICO, a 31 de diciembre de 2019 Cuba aún tenía pendiente de condonación alrededor de 160 millones de euros de los 201,5 millones a los que hace referencia el acuerdo.

La paralización del proceso de ‘perdón’ de esas cuentas pendientes no es la única consecuencia que tendrá para el régimen presidido por Miguel Díaz-Canel el incumplimiento del programa de pagos firmado en 2015. En virtud de lo previsto en dicho acuerdo los retrasos acumulados desde la fecha de vencimiento del pago de la anualidad (31 de octubre de 2019) se penalizarán con un tipo de interés del 9%, lo que hará crecer de nuevo el saldo vivo pendiente de devolución.

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Buscando una solución en el Club de París

La otra decisión que tomó el Gobierno de España fue llevar el asunto al Club de París, el mecanismo de negociación y arbitraje que desde el año 1956 trata de resolver las controversias entre los países tradicionalmente deudores como Cuba y las economías tradicionalmente acreedoras de los primeros, como España. El problema del impago, de hecho, no afecta solo a España sino también a los otros 13 países acreedores del régimen comunista entre los que se cuentan Francia, Canadá o Japón.

La irrupción de la crisis sanitaria por la Covid-19 ha condicionado las negociaciones sobre el particular en el Club de París y según coinciden en señalar diversos medios internacionales la solución que se ha acordado por el momento es conceder una moratoria de un año a Cuba para atender sus compromisos con los países acreedores, si bien con algún tipo de penalización que no se especifica y que probablemente esté por debajo del 9% que establece el acuerdo multilateral alcanzado en 2015.

Según los últimos datos oficiales proporcionados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Grupo Vox, difundida por Europa Press, la deuda externa total que Cuba mantiene con España roza los 2000 millones de euros, en concreto, asciende a 1970 millones de euros. El acuerdo alcanzado en 2015 por Cuba con sus países acreedores borró del mapa más de 1700 millones de euros que el país caribeño adeudaba a España en concepto de intereses por impagos desde el año 1986 y dejó en 537,3 millones de euros la deuda total pendiente de pago, agregando la que tiene periodos de vencimiento más largos y la que vencía a corto plazo, que fue objeto del acuerdo de reestructuración que Cuba ahora ha vuelto a incumplir.

La deuda pendiente se ha convertido también en un elemento de negociación en las relaciones con una economía que muestra los primeros signos de apertura. Hace poco más de un año, de hecho, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunciaba un acuerdo para convertir la deuda de 300 millones de euros que Cuba mantenía con empresas españolas en un fondo de inversión para que empresas domésticas desarrollen infraestructuras en el país.

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