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Internacionales

Nicaragua pretende “criminalizar la libertad de expresión” con nueva ley

El texto propone «castigar» los ciberdelitos con condenas de entre dos y 10 años de cárcel.

DANIEL ORTEGA

29 de septiembre 2020

Diputados oficialistas de Nicaragua promovieron este lunes una iniciativa de ley para sancionar con penas de prisión los ciberdelitos y la difusión de noticias falsas en las redes sociales, informó el legislativo controlado por el régimen sandinista de Daniel Ortega.

«El objetivo de esta iniciativa es la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas«, indica el texto del anteproyecto divulgado en la página web del parlamento.

El texto propone «castigar» los ciberdelitos con condenas de entre dos y 10 años de cárcel. Y define estos como las acciones «de carácter penal cometidas en contra de personas naturales o jurídicas», como el sistema bancario, «por medio de sistemas informáticos y de comunicación».

Ese delito incluye el fraude y espionaje electrónico, la usurpación de identidad y uso de la tecnología digital para cometer delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.

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El proyecto regularía el acceso «indebido» a información personal y sensible de las personas. También perseguiría el uso de las redes sociales para amenazar a personas o atemorizar a una población «étnica, cultural, religiosa» o de otra índole.

La iniciativa plantea, asimismo, aplicar una pena de dos a cuatro años de prisión a quien «publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población», y un castigo de hasta cinco años de prisión a quienes «inciten al odio y a la violencia«.

La policía o el Ministerio de Gobernación se encargarían de conservar los datos del tráfico informático que sea de su interés.

Plantean intervenir y confiscar equipos

Asimismo, la iniciativa regula la protección de los sistemas informáticos del Estado, a aquellos destinados a la prestación de servicios públicos, al sistema bancario y financiero, instituciones públicas, privadas o mixtas que presten un servicio público.

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Además, autoriza a la Policía y al Ministerio Público, previa orden judicial, a que «puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos«.

La iniciativa fue introducida en el Parlamento, donde el partido de gobierno es mayoría, una semana después de que los diputados promovieran un polémico proyecto para declarar como «agentes extranjeros» a quienes reciban dinero de entes foráneos, entre ellos ONG y medios de comunicación internacionales.

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