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Niegan Indulto a dos de los implicados en secuestro de Lancha de Regla

En enero de 2020 había enviado la petición de Indulto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes que recibió respuesta a través de “un sobre sin nada escrito”

Maikel Delgado (izq), Harold Alcalá (der), y Julia Estrella Aramburo (cen) (Foto de archivo)

29 de Junio 2020

“Ellos no tenían antecedentes penales, no mataron ni lesionaron a nadie, no entiendo por qué diecisiete años después son un peligro social”, lamentó la madre de uno de los jóvenes

El Tribunal Supremo Popular de Cuba negó el indulto a los ciudadanos Harold Alcalá Aramburo y Maykel Delgado Aramburo, dos de los implicados en el secuestro de la Lancha de Regla ocurrido en el año 2003.

La decisión fue comunicada a Radio Televisión Martí por Julia Estrella Aramburo, madre y tía de los jóvenes, que cumplen cadena perpetua en el Combinado del Este de La Habana.

Aramburo es miembro del grupo opositor Damas de Blanco y activista de la organización Cuba Independiente y Democrática (CID). En enero de 2020 había enviado la petición de Indulto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes que recibió respuesta a través de “un sobre sin nada escrito”.

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“Cuando lo abrí era una carta con membrete y firma del Tribunal Supremo que, supuestamente, responde a la petición de Indulto que envié en enero de 2020 al gobernante Miguel Díaz-Canel”, dijo la mujer.

La misiva, firmada por el Tribunal Supremo Popular, informa que no puede conceder perdón a las personas implicadas en el secuestro de la Lancha de Regla ya que “están sancionadas por un delito grave que reviste peligrosidad social”.

Ellos no tenían antecedentes penales, no mataron ni lesionaron a nadie, no entiendo por qué diecisiete años después son un peligro social”, lamentó Aramburo.

El abogado independiente Edilio Hernández declaró a Radio Televisión Martí que la respuesta del Tribunal es ilegítima pues ese ente no está calificado para ofrecer indultos.

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“La respuesta del Tribunal Supremo constituye una violación de jurisdicción y funciones, pues la solicitud de Indulto se envió al presidente del país Miguel Díaz-Canel, que ya tenía esa facultad de acuerdo a la Constitución, por tanto, es quien debió contestar, o sus asesores”.

El jurista destacó también que el proceso contra los secuestradores y contra las personas implicadas en el hecho estuvo lleno de irregularidades, marcadas por la extrema politización del caso.

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