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CUBA

Tres dígitos que aún siguen restando en la ecuación…370

La sociedad civil cubana una vez más vuelve a verse violentada por las directrices que impulsa el brazo militar de Castro, y esta vez la censura se vuelve partícipe directa entre los posts que contradigan la voluntad de los intereses promovidos por el gobierno

10 de julio 2020, Héctor Luis Valdés Cocho

El Decreto – Ley No. 370 dispone a su antojo sobre la informatización de la Sociedad en Cuba, realmente fue creado y ratificado por el Estado Cubano en 2019 para (… «defender los logros alcanzados por nuestro Estado Socialista, siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba «…), así dice uno de sus titulares aprobados por el Consejo de Estado. Aunque el Gobierno Totalitario ha tratado de ocultar la verdadera razón de su creación,exponiendo que la informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país, las manifestaciones sociales del mismo son antagónicas a su verdadera promoción.

De hecho, uno de sus incisos específicamente el (i del artículo 68) decreta que: difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, constituye un delito y los acusados deberán pagar una multa de tres mil pesos si son personas naturales, y de 10 mil si se tratase de personas jurídicas.

La sociedad civil cubana una vez más vuelve a verse violentada por las directrices que impulsa el brazo militar de Castro, y esta vez la censura se vuelve partícipe directa entre los posts que contradigan la voluntad de los intereses promovidos por el gobierno. Los informes, documentales, o artículos expuestos en las redes públicas que tengan un ápice de crítica social le provocan repugnancia a la Dictadura, es por ello que hostigan a quienes realizan los divulgativos, aplicando altas sanciones administrativas e incluso decomisando los medios electrónicos para producir los tipos informativos antes mencionados.

Un caso puntual y relacionado con todo este instrumento al servicio del sistema , fue el sucedido con la periodista independiente Camila Acosta quien varias veces ha sido intimidada por miembros del MININT y la DSE ; el pasado 9 de marzo Camila y varios activistas realizaron una protesta pacífica en la Esquina de 23 y 12 , en el Vedado para exigir la liberación del artista crítico Luis Manuel Otero Alcántara , durante aquel suceso fue interceptada por miembros de la Departamento de la Seguridad del Estado DSE , y conducida hasta la unidad de Zapata y C, sitio donde descubrió la figura del Mayor Alejandro , un agente de la Seguridad que se ensañara en Camila por largos meses .

Estando en dicha unidad el represor le confisca su teléfono móvil  y tras varias horas la deja retirarse , amenazándola con imponerle el decreto ley 370.

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El 27 de marzo , Camila vuelve a ser citada para la estación de policía de Playa donde se encontraba el represor Alejandro el cual la condujo hacia un camino que llevaba a una oficina de interrogatorio , entraron tres hombres a cuya oficina pero uno de ellos Rolando se identifica como inspector del MINCOM , quien le dice (… estamos aquí porque usted ha violado el Decreto 370 , aquí le traemos las pruebas de que usted ha violado específicamente el inciso i Artículo 68. Mostrándole tres capturas de pantallas:

1 – La citación impuesta hacia la oficina de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
2 – Una nota de Cubanet que evidenciaba el uso de gas pimienta de los policías en un altercado.
3 – Un meme sobre el mausoleo del Dictador Fidel Castro, y ante ello Camila expresa que no firmara ningún documento.

Acto seguido el Mayor Alejandro insiste en la sanción de 3000 pesos y deja testigos para que conste el levantar del acta, ese mismo día 27 de marzo le fue retirado su móvil y entonces así la dejo marcharse, pero con la multa realmente impuesta y el móvil que el día 9 de marzo le había sido retirado, oficialmente confiscado. 

En la actualidad no vemos solo el caso de Camila Acosta, sino que cada día se recrudece aún más las sanciones impuestas, no solo a periodistas independientes o activistas, sino a la sociedad civil cubana.

El decreto ley 370 es inconstitucional, ya que incumple por completo lo dictado en la constitución de la república. Pretende amordazar las voces que solo quieren llevar la noticia sin censura, llevar la realidad que vive el pueblo cubano, la realidad que no sacan a la luz pública medios oficialistas, por el solo hecho de ser dependencias de un único partido.

Héctor Luis Valdés Cocho
Periodista del Heraldo de Cuba

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